La política informática establece las bases para gestionar procesos de información, optimiza recursos para la eficiencia de sistemas informáticos y tecnologías de información, y originar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones que permite aprovechar las oportunidades, como lo es internet.
El establecer una política informática es de carácter obligatorio para las dependencias y entidades de gobierno pertenecientes al poder ejecutivo estatal y a los servidores públicos que resguarden bienes informáticos o hagan uso de las tecnologías de información que sean propiedad del gobierno.
Establece los lineamientos que promuevan la confidencialidad de los datos personales y la protección jurídica de la información producida por las instituciones del poder ejecutivo, de manera que se ha establecido que todos los sistemas y las bases de datos que procesen o almacenen datos personales, comprendidos en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, deberán contar con políticas de administración de claves de acceso y medidas de seguridad lógica.